Y LUZ, AGUA Y GAS 'GRATIS'
La "suspensión temporal de todos los desahucios", legalizar de facto la okupación y abrir la posibilidad a la expropiación de fincas privadas. Éstas son tres de las medidas estrella del programa de Podemos para Andalucía. Teresa Rodríguez, la candidata de Podemos para las próximas elecciones autonómicas, ha presentado este miércoles las propuestas que aplicará su partido en el caso de que logre el gobierno de la Junta el próximo 22 de marzo.
Destaca una por encima de las demás. Es una de las medida a las que más espacio se dedica en el programa y recoge una de las viejas aspiraciones de la formación. Además, es un tema en el que la sección andaluza ha puesto especial énfasis: los "derechos humanos habitacionales".
¿Qué significa esta expresión? Pues garantizar a todos los andaluces una vivienda gratuita junto a la provisión de los suministros básicos. Esto, que a algunos les puede sonar bien, no tiene que ver sólo ni principalmente con la ayuda a familias en problemas. Así se venderá, pero va mucho más allá. Consiste en garantizar que si alguien no quiere pagar su hipoteca o la renta del alquiler, pueda no hacerlo; va de asegurar a los okupas derechos sobre las casas en las que se instalen; y avisa a los propietarios de que cualquier vivienda vacía que exista en la comunidad está en peligro si gana Podemos.
De esta forma, la formación asegura que su prioridad es poner "todos los recursos de la Junta de Andalucía al objeto de proceder a la suspensión temporal de todos los desahucios y garantizar los suministros básicos en Andalucía". Para ello, quieren aprobar "un plan ciudadano de rescate habitacional", con el que crearán "un servicio público habitacional de Andalucía para la garantía efectiva del derecho a la vivienda, impulsando y mejorando el patrimonio público de viviendas y suelo existente en la actualidad, cesando la privatización de vivienda y suelos públicos y garantizando el acceso a la vivienda a los colectivos sociales con menos ingresos y auditando la cuantía y calidad de las viviendas públicas".
Es decir, el Gobierno regional, con el dinero de los contribuyentes andaluces, pagará una vivienda a todas las familias que lo soliciten. No sólo eso, también "garantizará los suministros básicos de agua, luz y gas". Claro, lo que no explica el programa es qué entiende Podemos por una vivienda digna; quién pagará el nuevo programa de construcción de viviendas o alquiler; o qué derechos tendrán los moradores de estas casas (¿serán en propiedad o sólo tendrán derecho a permanecer en ellas por un tiempo?).
Tampoco se aclara si habrá alguna medida para evitar los peores efectos de estos programas y que se derivan de los perversos incentivos que generan. Por un lado, los propietarios se sienten inseguros, porque no saben si la familia a la que alquilan puede okupar su casa con el consentimiento de la Junta. Por otro lado, los que se esfuerzan mes a mes por pagar su hipoteca o renta empiezan a preguntarse si no estarán haciendo el idiota, al ver a su vecino disfrutar de su casa gratis. Y por último, los problema de degradación del entorno que numerosos estudios recuerdan que se producen cuando se disocia la propiedad de la vivienda de su uso.
Porque no hablamos de una ley de segunda oportunidad o un programa social de ayuda a las familias desfavorecidas. Lo que Podemos plantea es un cambio radical en la consideración de la vivienda: la propiedad privada pasa a estar subordinada a los intereses del político de turno y la mera ocupación de un inmueble otorga más derechos que los que posea su legítimo propietario.
En este sentido, hay que recordar que Podemos también se acuerda de los Okupas, con K. Por un lado, habla de establecer "medidas "especiales de protección a los andaluces que prohíban el corte de suministros básicos de agua, luz y gas en condiciones adversas". Pero no sólo eso. Además, promete que "reformarán los reglamentos de suministro de agua y electricidad de forma que su contratación no exija la acreditación de un título de posesión legítimo sobre la vivienda objeto de suministro". Vamos, que obligarán a las compañías a dar agua, luz y gas gratis a los okupas, por el mero hecho de que estos estén en un inmueble.
En cuanto a vivienda, el programa no se queda ahí. También hay espacio para las amenazas. Podemos pide fijar "fuertes sanciones" para las compañías públicas o privadas de suministros que contemplen "cláusulas abusivas o falta de transparencia" en la gestión de los servicios esenciales de luz, agua y gas. La pregunta es si estas empresas seguirán invirtiendo y dando sus servicios en Andalucía. Si dentro de unos años empieza a haber problemas de suministro, ¿alguien se acordará de estas promesas electorales?
Expropiaciones
La polémica no acaba con el "derecho humano habitacional". También es llamativo el capítulo de la política agraria. Podemos incluye la siguiente promesa electoral: "Integrar los fondos del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA, antiguo PER) dentro de las estrategias territoriales de creación de empleo, orientándolos principalmente a apoyar proyectos productivos de puesta en valor de recursos agrarios infrautilizados en fincas públicas o privadas que no cumplan con la función social de la propiedad".
Es decir, abre la puerta a la expropiación de las fincas privadas que según el criterio de la Junta "no cumplan con la función social de la propiedad" o estén "infrautilizadas". ¿Cuál es esta función? ¿Quién y cómo se mide? Pues no se aclara. Pero no hay que olvidar que Sánchez Gordillo y su Sindicato Andaluz de Trabajadores es referente de Podemos en la región. Y el historial de ataques a la propiedad privada del alcalde de Marinaleda y sus huestes es bien conocido.
Control de la economía
Podemos Andalucía también plantea un control absoluto de la actividad económica. No de forma directa, porque saben que no tienen competencias para ello. Pero sí mediante la presión y las amenazas a empresas y agricultores. Así, en el capítulo dedicado al mundo rural, la formación anuncia que la Junta comenzará un programa de compra de productos "agroalimentarios y procedentes de pesca local".
¿Y qué habrá que hacer para acceder a ese programa? Pues ajustar la empresa a los requerimientos burocráticos de Podemos. Como además estos son lo suficientemente ambiguos y abiertos a la interpretación, los empresarios del campo andaluz ya saben que si quieren vender sus alimentos a colegios, hospitales u otras instituciones públicas (o a empresas que trabajen para estos organismos) tendrán que pasar por el aro de las exigencias del partido. No es tan extraño. En realidad, es algo parecido a lo que el Gobierno venezolano ha intentado poner en marcha en aquel país: organizar la compra y distribución de productos alimentarios a través de organismos públicos. Las consecuencias en el país caribeño (colas, carestía, cierre de comercios,...) son bien conocidas.
Esto se complementa con otra de las medidas propuestas. Podemos exigirá un "certificado de solvencia laboral que limite o impida la contratación con la administración andaluza con aquellas empresas que no respeten los derechos de las personas trabajadoras o impongan a estas condiciones precarias de trabajo, garantizando a su vez empleos públicos estables con condiciones de acceso transparentes que dan lugar a mejores resultados".
La redacción es tan abierta que abre claramente la puerta a que cualquier político de la Junta decida con qué empresas se puede o no contratar. Evidentemente, esto puede ser el inicio de un importante foco de corrupción. Pero no sólo eso, ¿qué significa "impongan condiciones precarias de trabajo"? Si la Junta amenaza a cualquier empresa con excluirla de ningún tipo de relación con la contratación pública (y en Andalucía hablamos de casi un cuarto del PIB manejado desde la administración regional) en realidad se puede plantear la cuestión como una amenaza. O pasas por el aro o estás fuera de cualquier posibilidad de realizar negocios en esta región. Como además las condiciones no están tasadas, sino que se articulan a través de conceptos genéricos, el margen de arbitrariedad, al menos tal y como está redactado el programa, es altísimo.
Más gasto
En el resto de las medidas propuestas, el protragonista es el aumento de gasto público. Leyendo el programa de Podemos se adivinan todo tipo de subvenciones y ayudas concedidas desde la Junta. El Gobierno regional intervendrá aún más en la economía regional. Y decidirá quién es merecedor (de nuevo, aún más que ahora) de las dádivas de los Presupuestos.
De esta forma, Podemos propone:
"Fomentar de la acción cooperativa y de la economía social"
"Apoyo a la producción y comercialización de nuevos productos y servicios basados en el conocimiento"
"Impulsar políticas de emprendimiento socialmente responsables"
"Apoyar técnica y financieramente la reconversión de las explotaciones agrarias"
"Profundizar en las políticas de regeneración y conservación de los centros históricos, persiguiendo un equilibrio de usos y población tradicional, limitando los procesos de terciarización, gentrificación, privatización y abandono"
"Impulsar la recuperación de la memoria histórica andaluza desde la base, dándole voz y recursos a la ciudadanía para impulsar actuaciones en la materia".
"Alcanzar la actual media europea de inversión en I+D+i"
Todas las medidas de la anterior lista implican más gasto público. Y la mayor parte llegará vía subvenciones. Hablamos de partidas presupuestarias en las que el Gobierno regional decidirá quién merece el dinero de los contribuyentes, abrirá un concurso y repartirá los fondos. No es Andalucía, precisamente, la región que menos problemas ha presentado a este respecto en los últimos años. Más bien al contrario. Pero Podemos pide aún más programas de este tipo.
Todo el poder para la Junta
Además, Podemos pide centralizar el poder en la Junta. Y aún más, en la Consejería de Presidencia. Es decir, si ganan las elecciones se intuye que podrían estar abiertos a pactos. Pero con una condición: que la decisión final o buena parte de la misma esté bajo el control del presidente regional.
De esta forma, Podemos busca "considerar la ordenación del territorio como política troncal de las políticas de la Junta de Andalucía, de manera que sus competencias residan en la Consejería de Presidencia". La palabrería sobre descentralizar, dar poder a las asociaciones locales o la estructura asamblearia se estrella con la realidad de una organización que pide que sea la Junta (y Presidencia) la que decida sobre todos estos temas.
Pero no sólo eso. También hay una provisión para que las políticas de "igualdad" dependan también de la Presidencia. Puede parecer un tema menor. Pero no. Porque el texto afirma que todos los departamentos tendrán que articularse alrededor de este concepto de igualdad. Es decir, que cada programa o política de cada consejería tendrá que contar con el visto bueno de Presidencia para poder recibir fondos y ser aprobado.
Este programa, que ha sido votado por los simpatizantes de Podemos y realizado a partir de propuestas ciudadanas, se recogen las primeras treinta medidas, entre las que están las explicadas hasta ahora, que pondrán en marcha en sus primeros cien días de Gobierno en la Junta de Andalucía y que, dicen, tienen un "coste de 215 millones de euros".
